La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha abierto una consulta pública para obligar a las operadoras de telecomunicaciones a recopilar y almacenar datos personales de todos sus clientes, nuevos y renovados, antes de concederles servicio. La propuesta exige nombre, dirección física, número de documento de identidad oficial y un teléfono alternativo, lo que en la práctica eliminaría la posibilidad de adquirir teléfonos anónimos —los llamados burner phones— al vincular cada línea a una identidad verificada.
La FCC justifica la medida como una herramienta contra las estafas telefónicas, el fraude y las operaciones de influencia extranjera, y la compara con los controles que aplican los bancos contra el blanqueo de capitales. El texto plantea además recoger información adicional sobre clientes corporativos y extranjeros, como el uso previsto del servicio o su dirección IP.
Organizaciones de derechos civiles y expertos en privacidad han rechazado de plano la iniciativa. La ACLU, la Electronic Frontier Foundation y el Center for Democracy & Technology advierten de que la medida perjudicará a víctimas de violencia doméstica, periodistas, denunciantes, migrantes y personas con bajos ingresos, y alertan de que los propios datos acumulados se convertirán en un objetivo de ciberataques, dado el historial de filtraciones del sector. La consulta pública estará abierta hasta el 25 de junio.