La cumbre de biodiversidad de la ONU celebrada en Ereván el 30 de octubre ha puesto de manifiesto la falta de consenso sobre quién asume los costes de la conservación de especies en peligro. Aunque el caso del cóndor californiano, cuya población superó los 600 ejemplares tras su recuperación iniciada en 1987, sirve de ejemplo de éxito, la discusión global subraya que la protección biológica no está exenta de conflictos sociales y económicos. El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, firmado en 2022, establece objetivos globales como la protección del 30% de tierras y mares, pero no define qué especies priorizar. La recuperación del lince ibérico, que ha alcanzado los 2.663 ejemplares en 2025, y la del quebrantahuesos en los Pirineos, ilustran el doble desafío técnico y social: la reintroducción en cautividad y la reintroducción en libertad, además de la necesidad de infraestructuras locales para garantizar la supervivencia a largo plazo. Estudios recientes indican que, pese a la financiación limitada, los grupos de mamíferos como primates y ballenas han captado el 86% de los fondos de conservación, mientras que las plantas e invertebrados, esenciales para la polinización, solo han recibido el 6,6%. Esta disparidad financiera, combinada con la resistencia de comunidades locales y pueblos indígenas, plantea la pregunta de si la conservación es viable sin la implicación activa de las poblaciones afectadas.
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