La Comisión Europea rechazó el 16 de junio una propuesta legislativa que habría obligado a las editoras a mantener jugables los videojuegos tras retirarles el soporte oficial, pese a que la iniciativa ciudadana europea "Stop Destroying Videogames", impulsada por la campaña Stop Killing Games, había reunido 1.294.188 firmas verificadas, superando el millón exigido. La Comisión consideró que una obligación legal de ese tipo "no sería proporcionada" y alegó riesgos para la propiedad intelectual, costes para las editoras y posibles problemas de ciberseguridad una vez abandonado el soporte. En su lugar, anunció que antes de finales de 2026 abrirá conversaciones con la industria del videojuego y representantes de consumidores para redactar un código de conducta voluntario sobre la gestión de los juegos al final de su ciclo de vida, que podría incluir un etiquetado más transparente en las tiendas digitales y colaboraciones con instituciones de patrimonio cultural para preservar títulos. El código no impondrá a las editoras la entrega de parches offline, herramientas de servidor privado ni otros mecanismos para que los jugadores sigan accediendo a los juegos. Stop Killing Games aseguró que el resultado "no será el final" y señaló que buscará que el Parlamento Europeo incluya sus demandas en la próxima Digital Fairness Act. Paralelamente, la organización francesa de consumidores UFC-Que Choisir mantiene su litigio contra Ubisoft por The Crew, que se volvió injugable tras el cierre de sus servidores.
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