Una coalición de más de un millón de votantes en Texas, liderada por la NAACP, ha unido esfuerzos para detener la expansión de centros de datos, un sector que ha generado fuertes resistencias locales por su impacto en recursos hídricos, energía y suelo. Un sondeo de agosto revela que el 57 por ciento de los texanos se opone a la construcción de estas instalaciones, una postura compartida por el 43 por ciento de los republicanos y el 75 por ciento de los demócratas. Esta tensión política es crucial en el contexto de las elecciones intermedias, donde el gobernador Greg Abbott enfrenta a la demócrata Gina Hinojosa y el fiscal general Ken Paxton compite con James Talarico. Aunque Texas ha sido históricamente receptivo a la tecnología, la exención fiscal de 2013 y su expansión en 2015 han provocado pérdidas estimadas de 3.200 millones de dólares en impuestos de venta para 2025. El estado enfrenta además un aumento del 35,4 por ciento en las facturas de electricidad y riesgos para la calidad del aire debido a nuevas plantas de gas. A pesar de que Abbott ha implementado moratorias y auditorías, la coalición We the People Texas critica que las medidas son insuficientes, especialmente dado que muchos centros de datos operan sistemas energéticos privados que evaden la supervisión regulatoria estricta.
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