La Audiencia de Tarragona ha determinado que la decisión sobre la competencia para investigar el caso Montoro corresponde al Tribunal Supremo, no a la propia instancia. Los magistrados han rechazado resolver los recursos de las defensas que solicitaban trasladar la instrucción a Madrid, argumentando su falta de competencia funcional para dirimir la cuestión. Esta resolución mantiene la causa en Tarragona por el momento, aunque prolonga la incertidumbre hasta que el Supremo emita su fallo definitivo.
El caso, instruido por el magistrado Rubén Rus, acumula ocho años de investigación por presuntos delitos de cohecho, fraude y corrupción relacionados con el despacho del exministro José Luis Montoro. Las defensas, representadas por abogados de Madrid, alegan que la sede del Ministerio de Hacienda y las reuniones clave con las gasistas se produjeron en la capital. La Fiscalía Anticorrupción, liderada por Alejandro Luzón, ha apoyado la permanencia de la causa en Tarragona, citando el hallazgo de un correo en el registro de las oficinas de una gasista local como base para mantener la instrucción en la comunidad catalana.
Mientras el Supremo resuelve la competencia, los Mossos d'Esquadra continúan analizando los movimientos bancarios de Montoro y seis personas de su entorno, incluyendo su hermano, desde enero de 2006. La investigación busca determinar si se cometieron delitos de tráfico de influencias y falsedad documental en el marco de la regulación de las empresas gasísticas.