El Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso, en Cantabria, ha empezado a vigilar con drones las fincas privadas para detectar piscinas y riegos ilegales tras detectar que algunos contadores superaban el millón de litros consumidos en pocos meses. La alarma saltó al comparar dos localidades con el mismo sistema de abastecimiento: Naveda gastaba 132.000 litros mientras Celada se quedaba en 32.000. Tras cerrar todos los contadores de una zona y comprobar que el consumo caía a cero, el consistorio descartó fugas y apuntó al uso privado. Los drones, que sobrevuelan a más de 20 metros de altura y miden clorofila sin captar imágenes personales, han bastado para que el gasto se moderase sin necesidad de sancionar. El municipio ha abierto expedientes con multas de entre 300 y 3.000 euros y el alcalde, Pedro Luis Gutiérrez, calcula que cuatro piscinas pueden vaciar un depósito entero. Cantabria, que ya consume 186 litros por habitante y día, lidera el gasto doméstico en España frente a la media nacional de 128 litros fijada por el INE en 2024. La situación se repite en otros puntos del norte y de Baleares, donde el verano de 2026 ha dejado a cerca del 80% de los municipios gallegos con restricciones, a Mallorca al 39% de sus reservas y a municipios alaveses con la prohibición de llenar piscinas o baldear calles.
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