El gobierno de Japón ha anunciado una serie de restricciones para la residencia permanente de extranjeros que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre, marcando un giro significativo en la política migratoria del país. Los solicitantes deberán demostrar que su ingreso anual familiar supera la media nacional, poseer una reserva de pensiones equivalente a 30 años de pagos y demostrar competencia en el idioma japonés. Esta medida, aplicada retroactivamente a las solicitudes presentadas desde abril, busca garantizar que los residentes vivan de forma independiente y no constituyan una carga para la sociedad.
El cambio se enmarca en un desplazamiento político hacia la derecha y en la creciente preocupación por la caída demográfica. La población extranjera en Japón alcanzó un récord de 4,12 millones de personas al final de 2025, mientras que el número de ciudadanos japoneses disminuyó más de 900.000 entre enero de 2025 y 2026 debido a la baja natalidad. Expertos advierten que, aunque Japón necesita mano de obra extranjera para cubrir la escasez laboral, las condiciones más estrictas podrían reducir la atracción del país para los trabajadores que buscan establecerse a largo plazo.
La opinión pública también se ha vuelto más hostil hacia los inmigrantes. Una encuesta reciente del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio reveló que el 56,3% de los japoneses se opone a aceptar más extranjeros, frente al 35,6% de 2024. Líderes políticos, como el primer ministro Sanae Takaichi, han adoptado posturas más restrictivas, y partidos de extrema derecha han ganado terreno en las elecciones recientes, intensificando la presión sobre la integración de los residentes extranjeros.