Una investigación del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown estima que ICE añadió en 2025 alrededor de 920.000 perfiles genéticos al sistema CODIS del FBI, el mayor aporte de un solo organismo al registro penal de ADN en un año. El crecimiento coincide con el fin, en 2020, de una exención regulatoria del Departamento de Justicia que permitía a DHS excluir a gran parte de los detenidos migratorios. Desde la directiva ICE 10092.1, los agentes deben tomar muestras de prácticamente toda persona bajo custodia federal, incluidos solicitantes de asilo y refugiados pendientes de regularizar su estatus.
Los perfiles, junto con la muestra física que contiene el genoma completo, se almacenan de forma indefinida en un laboratorio federal y quedan disponibles para que cualquier agencia policial los compare con evidencias de casos sin resolver, presentes y futuros. La mayoría de los detenidos por ICE no tiene condenas penales, y la permanencia irregular en el país suele ser una infracción civil, no penal. El programa se ha extendido a familias en centros de detención como el de Dilley (Texas), donde también se han tomado muestras a niños, según varios legisladores.
El caso de Hugo Moreno-Mendez, detenido en marzo de 2025 en una cita rutinaria de libertad condicional en Waco y condenado por negarse a facilitar su ADN, ilustra el uso de la amenaza penal para forzar la coleta. DHS defiende la práctica como medida de seguridad fronteriza y de identificación, pero no ha desmentido la cifra estimada por Georgetown.