El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) completará antes de fin de septiembre el despliegue de cámaras corporales entre sus agentes de campo, una medida largamente retrasada que se aceleró tras varios tiroteos mortales protagonizados por funcionarios de la agencia en el marco de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Sin embargo, la política de uso aprobada en febrero de 2025 otorga al director de ICE una amplia discrecionalidad para decidir qué grabaciones se hacen públicas, al exigir que la difusión de cualquier vídeo seEvalúe previamente como acorde con "los mejores intereses de la agencia".
Según el documento, un comité integrado por altos cargos y abogados revisará las grabaciones de tiroteos y otros incidentes graves con resultado de muerte o lesiones serias. Si determina que procede la difusión, el material podrá publicarse en un plazo de 72 horas; en caso contrario, el director podrá retenerlo de forma indefinida. La norma exige además la pixelación de rostros, nombres y números de placa de los agentes para preservar su privacidad. Expertos en políticas de videovigilancia policial, como Christopher Schneider, de la Universidad de Brandon, advierten de que esta redacción permite a la agencia seleccionar los vídeos que ofrezcan una imagen favorable y ocultar los comprometedores.
El Congreso había destinado 20 millones de dólares a la compra de cámaras corporales en una ley aprobada el 30 de abril. ICE gastó además 30,9 millones de dólares en julio en equipamiento de la empresa Axon, con sede en Arizona, un día después del tiroteo mortal en Maine en el que un agente mató a un automovilista de 25 años. Días antes, otro agente de ICE había disparado fatalmente a un constructor en Houston cuando se dirigía a su trabajo. Ninguno de los dos incidentes fue grabado en vídeo, lo que provocó la indignación de varios legisladores.