El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica como legítima defensa el tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano y dueño de una empresa de construcción, abatido por agentes de ICE el martes alrededor de las 7:00 de la mañana en Houston cuando se dirigía a una obra con tres empleados. ICE sostiene que Salgado Araujo usó su vehículo para intentar arrollar a un agente, pero tres testigos presenciales, todos ellos detenidos por ICE, contradicen esa versión: afirman que las camionetas del Gobierno rodearon la furgoneta por ambos lados y dispararon sin provocación. El ICE no portaba cámaras corporales por el cierre gubernamental de 76 días que bloqueó fondos adicionales para esas adquisiciones, lo que impide contar con imágenes del incidente. El abogado Hugo Balderas-Ibarra difundió el testimonio de los supervivientes a The Washington Post, y el director de LULAC, Juan Proaño, denunció a The New Republic que DHS presiona a los testigos para que se autodeporten. Salgado Araujo no era el objetivo de la operación: los agentes buscaban a dos guatemaltecos y lo confundieron con el sospechoso al avistar una furgoneta blanca similar. El DHS asegura que era una operación dirigida; The New York Times y CNN citan fuentes que lo desmienten. Cientos de personas se manifestaron en Houston reclamando una investigación independiente. La Oficina del Inspector General del DHS y la oficina del FBI en Houston ya investigan el caso, este último por la supuesta agresión al agente. El artículo contextualiza el episodio en una escalada de arrestos de ICE —10.000 personas detenidas en cinco días— y en un patrón de perfil racial documentado contra latinos en Nueva York.
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