En Ibiza, las administraciones locales han intensificado la vigilancia con drones para detectar caravanas estacionadas en suelo rústico, considerado ilegal bajo la Ley del Suelo de Baleares. En abril se desalojó a unas 200 personas de los asentamientos de Sa Joveria y Can Misses, y en julio se detectó un nuevo campamento en Cala de Bou. Las multas pueden alcanzar los 30.000 euros, lo que obliga a los afectados a abandonar el lugar de inmediato.
El Ayuntamiento de Sant Josep se ha convertido en el primero de Europa en desplegar drones autónomos con inteligencia artificial para su policía local, dedicados a vigilancia urbanística, control de vertidos y protección de espacios naturales, además de emergencias. Iniciativas similares se aplican en Sant Antoni de Portmany.
Los afectados no son turistas, sino trabajadores que no pueden pagar un alquiler: en Ibiza, un piso de 80 metros cuadrados exige unos 2.320 euros mensuales solo en renta. Algunos vecinos optan por ceder su casa a turistas en temporada alta y vivir en una caravana para obtener ingresos extra. Es el caso de Mariana Gómez, trabajadora colombiana de un hotel, que terminó viviendo en una roulotte por no poder acceder al mercado inmobiliario. La presión turística, la falta de vivienda asequible y una normativa cada vez más estricta sitúan a estos empleados entre los turistas, la regulación y los ojos de los drones.