Reclamar el reembolso de la licencia de Windows preinstalada en un portátil nuevo es un derecho del consumidor en Europa, aunque la mayoría de usuarios lo desconoce. La práctica habitual de los fabricantes de equipos originales (OEM) consiste en incluir una licencia OEM de Windows en todos los equipos que venden, repercutiendo su coste en el precio final, incluso cuando el comprador no desea utilizar ese sistema operativo o prefiere alternativas como Linux. Diversas asociaciones de defensa del software libre, como la Free Software Foundation Europe (FSFE) y la Italian Linux Society, llevan años documentando casos y asesorando a los consumidores sobre cómo recuperar ese dinero.
El proceso recomendado comienza por reunir pruebas antes de formatear el equipo: fotografiar o grabar en vídeo las cláusulas del contrato donde figure la posibilidad de reembolso y conservar toda la correspondencia con el fabricante. Si el primer contacto con el servicio de atención al cliente no resuelve la solicitud, se debe escalar el caso mediante un formulario formal de reembolso y, en el caso de Italia, presentar una denuncia ante la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM), organismo equivalente a las autoridades antitrust de otros países europeos. Cuantas más reclamaciones se acumulen, mayor es la presión regulatoria sobre los fabricantes.
Los testimonios recopilados por estas organizaciones muestran un panorama desigual. Mientras empresas como Dell, Microsoft (en sus Surface) y algunas filiales de Lenovo han llegado a acuerdos amistosos que oscilan entre los 42 y los 75 euros, otras como Acer o MSI imponen procedimientos farragosos que incluyen enviar el equipo al servicio técnico, asumir gastos de envío o esperar largos periodos, lo que en la práctica disuade al consumidor. En los casos más complejos, los usuarios han tenido que acudir a la Justicia de Paz italiana, donde los tribunales han llegado a conceder reembolsos de entre 40 y 129 euros, sumados a indemnizaciones por costas procesales e, incluso, sanciones por litigación temeraria. El caso más llamativo es el de Lenovo Italia, que tras un litigio prolongado fue condenado en segunda instancia a devolver 42 euros de la licencia, 1.000 euros en costas y una multa adicional de 20.000 euros por responsabilidad procesal agravada.
En España y otros países europeos, la situación legal es similar gracias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoce el derecho a no pagar por software no deseado preinstalado en equipos nuevos. Sin embargo, la mayoría de fabricantes no facilita información clara al consumidor ni publica procedimientos ágiles de reembolso, lo que convierte cada solicitud en una pequeña odisea. Algunos usuarios optan por comprar directamente equipos sin sistema operativo en tiendas especializadas en Linux o en distribuidores que venden equipos "freedom-friendly", una alternativa que crece lentamente pero sigue siendo minoritaria en el mercado de consumo.
La conclusión es clara: reclamar es posible y, con perseverancia, suele funcionar. La estrategia pasa por documentar todo el proceso, conservar facturas y capturas, insistir por correo certificado o canales formales y, si es necesario, acudir a la vía judicial o a las autoridades de competencia. Para los consumidores que valoran su tiempo, la opción más práctica sigue siendo adquirir el hardware directamente en comercios especializados que ofrecen equipos sin sistema operativo preinstalado o con distribuciones Linux listas para usar, evitando así tener que luchar por un reembolso que, aunque legítimo, rara vez es cómodo de obtener.