Google, Meta y TikTok han presentado demandas independientes contra el fiscal general de California, Rob Bonta, para bloquear la ley AB 1709, una normativa aprobada en septiembre que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Esta ley prohíbe a las plataformas sociales ofrecer a menores de 16 años funciones diseñadas para fomentar el consumo compulsivo, como la reproducción automática de vídeos y los sistemas de recomendaciones personalizadas. Además, exige que las plataformas eliminen las cuentas de estos usuarios si no desactivan estas funciones, con multas de hasta 50.000 dólares por usuario afectado. Las tres compañías argumentan que la ley invadió su libertad de expresión y vulnera la Sección 230 de la legislación estadounidense, que protege la moderación editorial de las plataformas.
Meta, que ya enfrenta procedimientos judiciales por el presunto diseño adictivo de Facebook e Instagram, sostiene que el Estado no puede decidir cómo organiza y presenta los contenidos. En su demanda, la empresa afirma que la ley obligaría a Meta a dejar de difundir el habla a los menores, lo que implicaría eliminar sus cuentas a menos que cambie sus prácticas. TikTok y Google han hecho argumentos similares, destacando que la ley es una restricción inconstitucional que erosiona la práctica protegida de curar el contenido basándose en las preferencias del usuario. Un portavoz de TikTok calificó la ley como una "restricción inconstitucional y flagrante" que impide la curaduría de contenido, una práctica utilizada por librerías, cadenas de televisión y servicios de streaming.
El contexto legal no favorece a las plataformas. Como se ha reportado previamente, Meta alcanzó un acuerdo multimillonario con 29 estados estadounidenses sobre la seguridad de los adolescentes, aunque no admitió irregularidades. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha criticado la ley AB 1709 por sus posibles efectos negativos sobre la privacidad, la verificación de edad y la libertad de expresión. Rindala Alajaji, directora asociada de asuntos estatales de la EFF, advirtió que la ley obliga a las plataformas a recopilar más información de cada usuario, invadiendo la privacidad de todos, incluidos los adultos. Alajaji señaló que el uso de redes sociales por parte de los adolescentes ha sido instrumental para el activismo digital, citando el movimiento March for Our Lives tras el tiroteo en Parkland y el alcance global de la activista climática Greta Thunberg. Según la EFF, la ley actúa como un ban funcional de las redes sociales para los jóvenes, cortándolos de la información y experiencias esenciales, y silenciando las voces que la ley dice proteger.
Por otro lado, las plataformas defienden que los padres, no los legisladores, deberían tomar las decisiones sobre el uso de internet de sus hijos. Google señaló que la reproducción automática en YouTube se desactiva por defecto para los menores y que los padres tienen la capacidad de desactivar el acceso a Shorts por completo. Un portavoz de Google argumentó que las leyes demasiado amplias rompen los sistemas construidos para ayudar a los niños a encontrar vídeos de alta calidad y apropiados para su edad. En su lugar, la empresa enfatiza que ofrece una gama de protecciones y herramientas que ponen a los padres en el control. Por su parte, el fiscal general Bonta afirmó que su oficina está revisando los expedientes y está comprometida a "defender las leyes de sentido común de California para proteger a los niños en línea".
La ley AB 1709 se enmarca en una tendencia global de legislación que busca limitar el uso de redes sociales en adolescentes para mejorar la salud mental. Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para usuarios menores de 16 años en diciembre de 2025, mientras que Francia aprobó una ley similar que su tribunal supremo anuló por preocupaciones sobre las violaciones de los derechos de expresión. Las plataformas están preparadas para luchar contra esta ley californiana mientras navegan batallas legales similares en varios países. La decisión de acudir a los tribunales antes de aceptar límites a mecanismos que alimentan la atención de millones de usuarios refleja una prioridad clara de las grandes tecnológicas: mantener el modelo de negocio basado en la retención del usuario, incluso si eso implica limitar las funciones que hacen que los menores permanezcan conectados. El resultado de estos litigios determinará el futuro de la regulación de las redes sociales en Estados Unidos y podría establecer un precedente significativo para el equilibrio entre la protección infantil y la libertad de expresión digital.
