Google esquiva la división de su negocio publicitario tras dos años de batallas legales antimonopolio, aunque un juez federal ordenó cambios operativos sustanciales en sus prácticas para restaurar la competencia en el mercado de tecnología publicitaria digital.
La jueza federal Leonie M. Brinkema, del Distrito Este de Virginia, emitió esta semana un fallo en el que rechaza la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de fragmentar el negocio de tecnología publicitaria (ad-tech) de Google. En su lugar, la magistrada optó por imponer remedios conductuales, una decisión que supone un alivio parcial para el gigante tecnológico, aunque no le libra de modificar comportamientos que un tribunal ya consideró ilegales.
El caso se remonta a 2023, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda específica contra el negocio de ad-tech de Google. En abril de 2025, la jueza Brinkema concluyó que la compañía había mantenido un monopolio ilegal en este sector, tras lo cual las partes fueron instadas a proponer soluciones. La División Antimonopolio solicitó una escisión de activos, incluida la plataforma de subastas publicitarias AdX y el servidor de anuncios para editores. Esa petición fue finalmente rechazada.
Entre las disposiciones que contempla el fallo se incluyen la prohibición de que Google otorgue ventajas a sus propios servicios durante las subastas de anuncios y la obligación de permitir que herramientas de terceros accedan a datos en tiempo real en igualdad de condiciones. La resolución final ya fue comunicada a las partes, aunque el contenido detallado permanece bajo revisión durante 14 días para la presentación de propuestas de redacción definitiva con información confidencial.
Google celebró el resultado. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Regulatorios de la compañía, declaró que están "muy satisfechos de que el tribunal haya rechazado la propuesta del Departamento de Justicia de dividir herramientas que ayudan a las pequeñas empresas a llegar a nuevos clientes y crecer". Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia defendió la utilidad del fallo: "La División Antimonopolio está satisfecha de que el tribunal haya ordenado un alivio importante. Estamos un paso más cerca de restaurar la competencia".
Este fallo se enmarca en una estrategia antimonopolio más amplia del gobierno estadounidense contra Google. En 2024, otro tribunal ya había declarado que el negocio de búsquedas de Google constituía un monopolio ilegal. En septiembre de 2025, el juez Amit Mehta, responsable de aquel caso, rechazó las solicitudes de divestimiento de Chrome y Android, optando también por remedios operativos: el fin de los acuerdos exclusivos de colocación predeterminada y la obligación de compartir ciertos datos de búsqueda con competidores. Google actualmente recurre esa decisión.
El patrón se repite con claridad: en ambos casos, los tribunales reconocieron la existencia de prácticas monopolísticas, pero descartaron la fragmentación de la empresa, alineándose con los remedios conductuales. El sector tecnológico observa un precedente histórico: el caso antimonopolio contra Microsoft de los años noventa, donde también se evitó la división final y el proceso se diluyó en apelaciones con compromisos de conducta.
Aunque la multa más visible para Google habría sido una ruptura estructural, los cambios operativos impuestos pueden tener impacto significativo. La empresa deberá ceder datos en tiempo real a competidores y eliminar la auto-preferencia en sus subastas, lo que podría alterar su posición dominante en el ecosistema publicitario digital. Las partes tienen ahora un plazo para presentar una propuesta conjunta con los detalles definitivos de las modificaciones, y Google mantiene abierta la posibilidad de recurrir una decisión que, si bien le permite conservar su integridad corporativa, restringe su margen de maniobra competitivo.
La decisión marca un punto de inflexión en la regulación de los gigantes digitales: confirma la dificultad práctica de forzar escisiones en conglomerados tecnológicos, pero establece obligaciones concretas que podrían sentar precedente para futuros casos antimonopolio en la economía digital.