El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ordenó el lunes 31 de agosto la retirada de todas las cámaras de reconocimiento automático de matrículas, incluidas las de la empresa Flock, instaladas en las carreteras estatales, según un documento oficial al que tuvo acceso la prensa estadounidense. Las agencias de seguridad tienen un plazo de 30 días para retirar los dispositivos; de lo contrario, el propio FDOT procederá a desmontarlos.
La medida, calificada como inmediata, responde al "aumento exponencial reciente en el despliegue" de estos lectores de matrículas en las vías estatales, sumado a "informes preocupantes de uso indebido, problemas de privacidad de datos y esquemas de vigilancia", según señala el memorando, que también suspende la aprobación de nuevas instalaciones. El FDOT consideró además que estos permisos tienen carácter "temporal por naturaleza".
La decisión llega apenas una semana después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificara la tecnología de Flock como "fuera de control" durante una conferencia de prensa y urgiera al legislativo estatal a tomar cartas en el asunto. DeSantis, alineado con sectores conservadores que suelen defender las fuerzas del orden, sorprendió con su dura crítica pública al sistema.
Florida no actúa sola. La semana anterior, el gobernador de Texas, Greg Abbott, congeló el financiamiento estatal destinado a las cámaras de Flock, citando abusos del sistema de vigilancia. El detonante fue la reciente acusación formal contra un oficial de policía de Lufkin, Texas, enfrentando 100 cargos graves por supuestamente haber utilizado la base de datos de Flock para rastrear personas sin autorización legal. Aunque la oficina de Abbott no especificó qué agencias se verán afectadas, reportes locales indican que Dallas, donde operan cientos de cámaras Flock, podría ser una de las ciudades más impactadas.
La empresa Flock, que cuenta con aproximadamente 130,000 lectores de matrículas distribuidos por todo Estados Unidos, enfrenta un creciente rechazo tanto en comunidades urbanas como rurales. Varias localidades, entre ellas Evanston (Illinois), Cambridge (Massachusetts) y Eugene (Oregón), han reportado que Flock reinstaló o reactivó sus cámaras pese a que las autoridades locales habían rescindido los contratos. La empresa no respondió a las solicitudes de comentario de TechCrunch sobre si planea permitir las retiradas o reinstalar los dispositivos.
El rechazo a la tecnología no se limita a estados gobernados por republicanos. Diversas comunidades, incluyendo Lansing (Michigan), Tempe (Arizona) y el Condado Knox (Tennessee), han terminado unilateralmente sus contratos con Flock, lo que evidencia un inusual consenso bipartidista en torno a la necesidad de regular o eliminar esta infraestructura de vigilancia.
Las preocupaciones que han alimentado este creciente rechazo incluyen varios escándalos documentados: problemas de ciberseguridad derivados del robo de credenciales policiales que expusieron las cámaras a hackers; casos de agentes que abusaron de su acceso para acosar a exparejas, y errores de identificación que han provocado paradas policiales e incluso arrestos injustos. Investigaciones recientes revelan además que las cámaras Flock están evolucionando más allá del escaneo de matrículas hacia la identificación y seguimiento de personas, lo que amplía significativamente su capacidad de vigilancia.
El Departamento de Transporte de Florida justificó la retirada como una medida para "preservar la soberanía y la calidad de vida de los floridanos". En las horas siguientes al anuncio, varias agencias policiales del estado, incluida la Oficina del Sheriff del Condado Hernando, comunicaron la nueva directiva a sus comunidades a través de redes sociales, evidenciando el impacto operativo inmediato de la decisión.
Con esta acción coordinada entre Florida y Texas, dos de los estados más poblados del país, Flock enfrenta su mayor crisis corporativa desde su fundación. La combinación de decisiones gubernativas, rescisiones locales y escándalos públicos sugiere un punto de inflexión en el debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad pública y privacidad ciudadana, un debate que promete escalar hacia el Congreso federal en los próximos meses.