La empresa Flock Safety, proveedora de lectores automáticos de matrículas (ALPR) para cuerpos policiales en Estados Unidos, atraviesa una crisis de credibilidad después de que el consistorio de Oshkosh, en Wisconsin, revocara en abril un contrato recién aprobado al descubrir que la compañía había mentido sobre las capacidades de su tecnología. El director de seguridad de la información de Flock aseguró al pleno que el sistema no generaba mapas de calor con los movimientos de un vehículo, afirmación que la empresa desmintió al día siguiente, admitiendo que sí produce esa visualización durante hasta un mes.
El episodio no es aislado. En Loveland (Colorado), el jefe de policía Tim Doran preguntó si agentes federales accedían a los datos locales; Flock negó que existieran contratos con federales, pero luego admitió acuerdos con CBP y DHS. Informes de 2025 revelaron además que policías locales compartían datos de Flock con ICE pese a las negaciones públicas de la empresa, que respondió con un blog titulado "Flock no trabaja con ICE".
En mayo de 2025, investigaciones periodísticas mostraron que la red ALPR de Flock se usó en Texas para rastrear a una persona que había abortado en Illinois. La compañía lanzó entonces una "herramienta de supervisión" que, según una investigación de la ACLU de Massachusetts, no funciona: las auditorías registran búsquedas con términos vagos como "investigación". El artículo de la ACLU sostiene que Flock trata las preocupaciones sobre privacidad y uso indebido como problemas de relaciones públicas, no como cuestiones operativas, y advierte a funcionarios y departamentos de policía que extremen la cautela ante las afirmaciones de la empresa.