La red de cámaras de reconocimiento de matrículas de Flock Safety, valorada en más de 8.000 millones de dólares, atraviesa una crisis de reputación tras años de expansión silenciosa por Estados Unidos. Fundada en 2017 por Garrett Langley en Atlanta, la empresa vende dispositivos a policías locales y ahora opera alrededor de 130.000 cámaras en todos los estados excepto Alaska; el 40 % de los cuerpos de seguridad estadounidenses tienen contratos con ella. Sus cámaras registran matrícula, marca, modelo y color de los vehículos, y la policía puede consultar esos datos sin orden judicial.
El artículo documenta los abusos documentados: un alguacil de Texas usó 80.000 cámaras para investigar un aborto medicamentoso, agentes han acosado a exparejas con la herramienta e ICE se ha servido de datos municipales para detener inmigrantes. Casi la mitad de los estadounidenses se opone a estos lectores automáticos, según The Washington Post, y grupos ciudadanos como DeFlock han publicado mapas para localizar los dispositivos, que han sido vandalizados en parques y calles. En respuesta a la presión, los gobernadores Greg Abbott (Texas) y Ron DeSantis (Florida) han ordenado congelar o retirar los contratos, y otros estados republicanos como Indiana, Kansas y Tennessee estudian restricciones. Langley ha calificado las protestas de "terroristas" y defiende la vigilancia como un mal menor frente al crimen, una retórica que el reportaje cuestiona.