Flock Safety, una de las principales empresas de tecnología de vigilancia policial en Estados Unidos, anunció una serie de cambios en sus políticas tras reconocer que sus herramientas, particularmente los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés), fueron utilizadas indebidamente por agentes para acosar a exparejas y otros fines personales. El CEO de la compañía, Garrett Langley, asumió públicamente la responsabilidad y admitió: "Nos equivocamos en esto".
Entre las modificaciones más relevantes, la empresa convertirá en obligatorias funciones que hasta ahora eran opcionales. La más destacada es "Audit Assistance", un sistema que detecta "comportamientos de búsqueda anómalos" y bloquea automáticamente a los usuarios sospechosos hasta que un administrador revise su actividad. Además, todos los usuarios deberán ingresar códigos de caso para realizar búsquedas, lo que según la compañía limitará la posibilidad de consultar datos con fines personales o malintencionados. En situaciones de emergencia, como la búsqueda de un menor desaparecido, un administrador podrá omitir este requisito, aunque la acción quedará automáticamente registrada para su revisión posterior.
Otra medida significativa es la reducción del periodo de retención de datos de los dispositivos ALPR, que pasa de 30 a solo 7 días, acercándose a lo que organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) venían reclamando. Las dependencias policiales podrán ampliar este periodo si lo consideran necesario o utilizar el nuevo "Evidence Mode", que preservará las búsquedas vinculadas a un número de caso específico. Asimismo, las localidades ya no estarán obligadas a compartir sus datos con otras agencias bajo una modalidad de "todo o nada": ahora podrán establecer límites granulares, por ejemplo, permitir que otro departamento policial consulte su información para buscar a un sospechoso de homicidio, pero no para operativos de inmigración.
Estos cambios se producen después de una serie de investigaciones periodísticas que documentaron casos de abuso. The Washington Post reveló que un jefe policial de Braselton, Georgia, consultó la matrícula de su expareja más de 500 veces en siete meses. En California, fiscales acusaron a un exsheriff del condado de Riverside de haber utilizado datos de Flock para acosar a su expareja, consultando las matrículas de los hombres con los que ella salía, según informó el medio local KESQ. De acuerdo con el Instituto para la Justicia, organización sin fines de lucro, los reportes de uso indebido de lectores de matrículas con fines de acoso se remontan al menos a 2021.
La ACLU, sin embargo, recibió los anuncios con escepticismo. En un análisis publicado tras los cambios, consideró que las actualizaciones parecen "más orientadas a abordar un problema de percepción pública que los daños significativos que sus productos generan". Aunque calificó la reducción del periodo de retención como un "paso en la dirección correcta", advirtió que su impacto real dependerá de cómo se implemente el "Evidence Mode" y exigió una revisión independiente de las herramientas de auditoría para evaluar su verdadera eficacia.
Langley, quien en el pasado adoptó una postura confrontativa con sus críticos —al calificar en una entrevista con Forbes al grupo DeFlock, que rastrea las tecnologías de Flock, como una organización "terrorista", para luego disculparse públicamente en julio—, reconoció que su visión sobre la responsabilidad de la empresa ha cambiado. "Tardé quizá más de lo debido en darme cuenta del enorme impacto de la compañía", afirmó. No obstante, aseguró que solo un tercio de las agencias que trabajan con Flock habían activado voluntariamente la función de auditoría desde su lanzamiento en abril, y predijo que con los cambios se verán "más agentes despedidos y más agentes arrestados por abusar del poder policial".
El contexto más amplio revela una tensión creciente entre la expansión de la videovigilancia masiva en Estados Unidos y las preocupaciones sobre privacidad. La ACLU y la Electronic Frontier Foundation (EFF) han acusado a Flock de engañar a funcionarios y al público sobre los riesgos de sus herramientas, incluyendo la posibilidad de que se utilicen para rastrear a mujeres que buscan servicios de aborto. La propia empresa sostiene que sus políticas prohíben las búsquedas relacionadas con atención reproductiva en estados donde estas están restringidas, aunque organizaciones civiles cuestionan la efectividad de tales restricciones.
De cara al futuro, Flock enfrenta el desafío de recuperar la confianza de reguladores, defensores de derechos civiles y ciudadanía en general. Langley insistió en que su enfoque preferido sigue siendo que los legisladores establezcan las reglas del juego, aunque ahora reconoce que ese proceso podría ser lento y que la empresa tiene una responsabilidad inmediata en cómo se despliega su tecnología. Su mensaje final fue una petición de credibilidad: "Solo les pido que me den una oportunidad justa".