La compañía de tecnología de vigilancia Flock Safety anunció una batería de cambios en sus políticas tras reconocer públicamente que sus herramientas han sido utilizadas de forma indebida por agentes policiales para acosar a exparejas sentimentales y otros ciudadanos. El CEO de la empresa, Garrett Langley, ofreció una inusual autocrítica al señalar: "la hemos errado" respecto a la responsabilidad que la compañía debe asumir por el uso que las fuerzas de seguridad hacen de sus lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés).
Entre las principales medidas, Flock convertirá en obligatoria una función que hasta ahora era opcional, conocida como Audit Assistance, la cual detecta "comportamientos de búsqueda anómalos" y bloquea de inmediato a los usuarios sospechosos hasta que un administrador revise su actividad. Además, todos los usuarios deberán introducir códigos de caso para realizar búsquedas, una exigencia que la compañía confía en que limitará las consultas con fines personales o maliciosos. Este requisito podrá ser anulado por un administrador en situaciones de emergencia —como la búsqueda de un niño desaparecido—, aunque dichas excepciones quedarán marcadas automáticamente para su revisión posterior.
Otro cambio relevante es la reducción del periodo de retención de datos por defecto, que pasará de 30 a solo 7 días, acercándose así a los límites sugeridos por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Los departamentos de policía podrán ampliar este plazo si lo consideran necesario, o bien recurrir al nuevo "Evidence Mode", que preservará las búsquedas vinculadas a un número de caso específico. También se pondrá fin al modelo de compartición de datos todo o nada entre jurisdicciones: ahora las localidades podrán establecer límites granulares, como permitir que otro cuerpo policial consulte sus datos de Flock para buscar a un sospechoso de homicidio, pero denegar el acceso para fines de control migratorio.
Estas decisiones llegan después de una serie de informes alarmantes. Según publicó The Washington Post, un jefe de policía de Braselton, Georgia, consultó la matrícula de su exnovia más de 500 veces a lo largo de siete meses. En California, según el medio local KESQ, los fiscales acusaron a un exsheriff del condado de Riverside de utilizar datos de Flock para acosar y hostigar a su expareja, incluyendo búsquedas de matrículas de hombres con los que ella salía.
El propio Langley reconoció que la función Audit Assistance, lanzada en abril como herramienta voluntaria, solo había sido activada por un tercio de las agencias que trabajan con Flock. Sin embargo, en los departamentos que sí la implementaron, la detección de usos indebidos se disparó. El CEO predijo que en los próximos meses se producirán más destituciones y arrestos de agentes por abuso de poder policial.
La reacción de los grupos defensores de las libertades civiles no se ha hecho esperar. La ACLU publicó un análisis en el que califica las actualizaciones como "más enfocadas en abordar un problema de percepción pública que los daños significativos que sus productos generan". Aunque reconoció que la reducción del periodo de retención podría ser "un paso en la dirección correcta", advirtió de que su eficacia dependerá de cómo se implemente el Evidence Mode y exigió una revisión independiente de las herramientas de auditoría.
El caso no es nuevo. El Instituto para la Justicia, una organización sin ánimo de lucro, documentó al menos 14 incidentes de uso indebido de lectores de matrículas con fines de acoso desde 2021. Grupos como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la propia ACLU han acusado además a Flock de engañar a ciudadanos y funcionarios sobre los riesgos de sus herramientas, incluyendo su potencial uso para rastrear a mujeres que buscan interrumpir su embarazo.
Langley, conocido en el pasado por su tono confrontativo —llegó a calificar a DeFlock, un sitio que rastrea las cámaras de Flock por todo el país, como un grupo "terrorista", una afirmación de la que se disculpó en julio—, aseguró que su enfoque ha cambiado gracias al contacto directo con comunidades en reuniones de concejos municipales. Aunque sigue considerando que los legisladores deberían establecer las reglas fundamentales sobre el uso de herramientas policiales, admitió que el proceso regulatorio es lento y que la empresa debe asumir parte de la responsabilidad.
"Tardé quizá más de lo que debía en darme cuenta del enorme impacto de la compañía", reconoció Langley, al tiempo que destacó que solo en julio sus sistemas ayudaron a localizar a casi mil personas desaparecidas y a recuperar más de 22.000 vehículos robados. Pidió una "oportunidad justa" para demostrar su nuevo compromiso, aunque organizaciones como la ACLU han expresado dudas sobre la sinceridad del giro y advirtieron de que los cambios podrían quedarse en medidas cosméticas si no van acompañados de supervisión externa y reformas legales de calado.