El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha denunciado que el Gobierno de Asturias somete a un control excesivo el uso científico de cámaras de fototrampeo en espacios naturales protegidos. Según la organización, los investigadores deben trabajar con un agente ambiental, que presencia la instalación y retirada del dispositivo, custodia la tarjeta, descarga las imágenes y decide sobre su uso. FAPAS considera que este procedimiento impide contrastar de forma independiente los censos oficiales de lobo y limita el acceso a información sobre presencia y dinámica poblacional.
La organización sostiene que las cámaras son una herramienta adecuada para estudiar durante años las variaciones de población, la composición de las manadas y la relación entre densidad de lobos y daños al ganado. También afirma que el Principado no ha divulgado los resultados de un estudio iniciado en 2017 con la Universidad de Oviedo sobre captura y seguimiento de lobos mediante collares satelitales.
Según los datos que maneja FAPAS, entre 2021 y 2025 los ataques de lobo al ganado aumentaron de 3.000 a 3.893 cabezas, mientras los grupos familiares se estimaron en 50, con una población de 412 a 460 ejemplares. La entidad vincula el incremento de daños con la existencia de grupos más pequeños y ejemplares solitarios y cuestiona los censos asturianos.