La familia del activista propalestino estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers y alrededor de 200 organizaciones sociales reclamaron este jueves a las autoridades españolas su liberación y la denegación de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Chambers, miembro de la acaudalada familia propietaria de Cox Enterprises, fue detenido la semana pasada en Ibiza por agentes de la Comisaría General de Información y trasladado posteriormente a Madrid. El Departamento de Justicia de EE UU lo acusa de blanqueo de capitales y de intentar proporcionar apoyo financiero a Hamás, cargos que la familia atribuye a la política de la Administración Trump contra el activismo de izquierda.
Según el comunicado familiar, Chambers habría destinado más de un millón de dólares del patrimonio familiar a organizaciones humanitarias palestinas que prestan asistencia médica, atención psiquiátrica, plantas desalinizadoras y panaderías en Gaza. La imputación más grave se refiere a transferencias desde EE UU a Túnez para patrocinar al Club Africain, campeón de la liga tunecina de fútbol, lo que el detenido considera una acusación fabricada. El Tribunal Supremo español dispone de 40 días para resolver sobre la extradición y, en caso afirmativo, la decisión final correspondería al Consejo de Ministros.
Varios partidos políticos —IU, Podemos, Sumar, Más Madrid, ERC, EH Bildu y BNG— han remitido una carta a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que sostienen que la solidaridad con Palestina no constituye delito. Las 200 organizaciones firmantes de otro comunicado advierten de que la extradición sentaría un precedente peligroso al abrir la puerta a la persecución internacional del movimiento propalestino y alertan del riesgo de que Chambers sufra torturas o reclusión prolongada en solitario en EE UU.