En distintas localidades de Estados Unidos crece una oleada de apoyo popular a quienes destruyen o sabotean cámaras de vigilancia Flock Safety, dispositivos de reconocimiento de matrículas desplegados por cuerpos policiales sin audiencias públicas ni aprobación vecinal. Los métodos de sabotaje son variados y descentralizados: desde desenchufar, pintar con aerosol, robar y arrollar los equipos con vehículos hasta bloquear físicamente su campo de visión durante horas.
Un episodio especialmente ilustrativo ocurrió en el condado de Lumpkin, Georgia, donde el sheriff Stacy Jarrard ofreció una recompensa de 1.000 dólares por los responsables de destruir una cámara cercana a un parque. Su mensaje en Facebook acumuló más de 30.000 comentarios, la mayoría opuestos a los dispositivos y de respaldo a los vándalos. Tras la viralización, Jarrard matizó su postura y reconoció la necesidad de mayores garantías de privacidad, aunque sin comprometerse a retirar los equipos.
El fenómeno va más allá de internet: un ingeniero de la Fuerza Aérea acusado de cortar 13 cámaras Flock en Virginia ha recaudado más de 44.000 dólares para su defensa legal, y un gran jurado de Ohio rechazó imputar a un supuesto vándalo. En Winona (Minnesota) y el condado de Burnet (Texas), las fuerzas de seguridad decidieron no reinstalar las cámaras tras robos o destrucciones. Expertos en derechos civiles como Alex Marthews, de Restore the Fourth, atribuyen la respuesta al hecho de que la aprobación de tecnologías de vigilancia se ha diseñado para excluir a la ciudadanía. El movimiento, de carácter bipartidista y comparado con la resistencia a los centros de datos de inteligencia artificial, refleja un rechazo creciente al exceso tecnológico.