El Gobierno español ultima un borrador de decreto que endurecerá los requisitos para los centros de datos instalados o previstos en el país, en un momento en el que España se ha consolidado como uno de los destinos europeos preferentes para infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial. La futura normativa obligará a los operadores a mantener dentro de la Unión Europea tanto los datos como los metadatos que gestionen, y a habilitar mecanismos para controlar accesos desde terceros países. Las instalaciones que traten datos de entidades públicas o afectados a la seguridad nacional quedarán sometidas a controles adicionales.
En materia de sostenibilidad, el decreto se alineará con el nivel más exigente de la etiqueta europea para centros de datos y exigirá que las energías renovables cubran al menos el 80% del suministro en cada hora de funcionamiento. Cada nuevo megavatio consumido deberá compensarse con un megavatio renovable adicional instalado en los dieciocho meses previos al inicio de la operación. El incumplimiento podrá acarrear sanciones e, incluso, la desconexión de la red eléctrica. La nueva regulación se aplicará a instalaciones de más de un megavatio aún no conectadas; los proyectos ya aprobados dispondrán de seis meses para adaptarse. El Ejecutivo busca atraer inversión sin renunciar a criterios ambientales y de ciberseguridad.