España ha decidido imponer controles fronterizos temporales a los viajeros procedentes de Italia como respuesta directa al rechazo del Gobierno de Giorgia Meloni de levantar las restricciones que mantiene contra los ciudadanos españoles desde hace una semana. La medida, que entró en vigor a las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, replica el operativo italiano y estará vigente, en principio, hasta el 7 de septiembre, salvo que cambien las circunstancias que la han motivado.
La decisión española llega después de que Italia confirmara, apenas unas horas antes, su intención de mantener los controles fronterizos contra viajeros españoles al menos hasta el 15 de agosto. Roma justificó su postura en la necesidad de garantizar que "no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo", en referencia a la crisis migratoria de Ceuta registrada a finales de julio.
Según explicó Moncloa, los controles consistirán en la revisión aleatoria de la identidad y nacionalidad de los viajeros —mediante el pasaporte— y, en el caso de nacionales de terceros estados, se verificará también el visado o el permiso de residencia. Las autoridades españolas aplicarán estas medidas en puertos y aeropuertos, replicando el modelo que el Ejecutivo de Meloni puso en marcha contra los viajeros españoles.
El Gobierno español había dado de plazo hasta el domingo a Italia para rectificar, advirtiendo de que, de lo contrario, se vería "obligado" a responder "para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos". En un comunicado oficial, el Ejecutivo de Pedro Sánchez calificó la medida italiana de "injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española", e instó a Roma a "poner fin a los controles y tratar a los españoles como al resto de ciudadanos europeos".
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presente en Colombia con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, fue especialmente contundente al calificar los controles italianos como una medida "injustificada" que atenta contra "la dignidad de los españoles" y que supone, en sus palabras, "un torpedo en la línea de flotación de la unidad europea".
La respuesta italiana no se hizo esperar. El Gobierno de Meloni rechazó de plano las presiones españolas y aseguró que "Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras". En su comunicado, Roma insistió en que no tiene intención de reconsiderar la suspensión del Acuerdo de Schengen respecto a los nacionales de terceros países que lleguen desde España "al menos hasta el 15 de agosto y, en cualquier caso, hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia".
El origen del conflicto se sitúa en la crisis migratoria de Ceuta, que el pasado 30 de julio provocó la entrada masiva de miles de personas en la ciudad autónoma española. Italia vinculó la suspensión del acuerdo de libre circulación con España a una cuestión de "seguridad nacional", argumentando la necesidad de evitar la llegada de inmigrantes irregulares y potenciales amenazas terroristas a su territorio. El Ejecutivo español, sin embargo, siempre ha considerado esta justificación como desproporcionada y políticamente motivada.
En el ámbito político interno, la crisis ha abierto nuevas fisuras. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, reclamó al presidente Sánchez la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad Nacional para esclarecer los "agujeros negros" detectados en la gestión de la crisis de Ceuta, especialmente en lo referente al Centro Nacional de Inteligencia y a su capacidad para anticipar un movimiento migratorio de tales dimensiones. Maíllo exigió además un "giro estratégico" en las relaciones con Marruecos, al resultar "incomprensible" que 70.000 personas pudieran moverse sin que las autoridades marroquíes tuvieran constancia previa, según declaró la eurodiputada Sira Rego.
El cruce de decisiones entre Madrid y Roma supone un hecho sin precedentes recientes en las relaciones bilaterales entre dos Estados miembros de la zona Schengen, hasta el punto de que ambos países han suspendido de facto la libre circulación entre sus territorios. Mientras Italia mantiene los controles hasta al menos el 15 de agosto, España ha prolongado los suyos hasta el 7 de septiembre, lo que deja un horizonte de tensión diplomática de varias semanas.
La situación queda a la espera de un posible deshielo diplomático, aunque por el momento ambos Ejecutivos mantienen posiciones maximalistas. El Gobierno español ha condicionado cualquier revisión de sus controles a que Italia rectifique primero, mientras que Roma ha cerrado la puerta a reconsiderar su decisión. Todo apunta a que el pulso Schengen entre Sánchez y Meloni continuará marcando la agenda europea durante las próximas semanas, con implicaciones que trascienden lo bilateral y afectan directamente al corazón del proyecto de integración europea.