El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que se está valorando la opción de cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona durante dos años para realizar una renovación integral. Esta decisión, que aún no ha sido tomada, responde a las críticas por la gestión de la infraestructura y a los dos graves accidentes ocurridos en el corredor andaluz en los últimos nueve meses, específicamente en Adamuz y Urda. El objetivo de la modernización es reducir el tiempo de viaje a menos de dos horas mediante la instalación de aerotraviesas que permitan alcanzar velocidades de 350 km/h y la actualización del sistema ERTMS de nivel 1 a nivel 2.
La Generalitat de Cataluña ha respondido de forma diplomática, señalando que la inversión debe afectar lo mínimo al servicio y que la decisión de Puente es una mera reflexión. El cierre total generaría un impacto económico significativo, con una inversión estimada en 100.000 millones de euros y un impacto directo en el turismo y el transporte de mercancías, que actualmente depende en gran medida de esta línea. Los sindicatos defienden la medida por la mayor seguridad y la posibilidad de trabajar con más rapidez, argumentando que el sistema LZB actual es obsoleto y propenso a fallos habituales.