El Ministerio de Agricultura de España tiene hasta el 15 de noviembre para activar un mecanismo de retención de aceite de oliva que obligaría a las almazaras a retirar hasta el 20% de la producción estimada del mercado. Esta medida, regulada por el Real Decreto 84/2021, se activa si las existencias iniciales más la producción proyectada superan el 120% de la media de las seis campañas anteriores, un umbral que actualmente se sitúa en torno a las 1.844.000 toneladas. La decisión es crucial porque, a diferencia del mecanismo europeo de 2019, que fue optativo y pagado por la Comisión Europea, la versión nacional es obligatoria y el coste recae íntegramente en los productores. Las estimaciones actuales sugieren que el sector se encuentra cerca del umbral de activación, con un margen de error que podría determinar si se retienen hasta 320.000 toneladas. Las organizaciones agrarias piden la activación para evitar una posible debacle de precios, aunque advierten de la precariedad estructural del sector olivar tradicional. La activación de esta norma marcaría un cambio significativo en la gestión de la oferta, forzando a las empresas a gestionar sus inventarios de forma más estricta para evitar la sobreproducción y la caída de los precios al consumidor.
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