Las islas Galápagos atraviesan una crisis turística sin precedentes tras la expansión del alquiler vacacional tras la pandemia. En el archipiélago operan más de 1.300 alojamientos de Airbnb frente a unos 300 hoteles regulados, una desproporción que ha disparado la llegada de visitantes de bajo presupuesto —se prevén 300.000 en 2025 frente a los 6.000 de los años setenta— y ha agravado los problemas ambientales en un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los alojamientos cortos eluden las estrictas normas que rigen para los hoteles: permisos ambientales, contribuciones a la conservación y gestión de residuos en un lugar sin agua potable ni energía sostenible. Investigadores y conservacionistas alertan de la proliferación de basura en playas, acoso a fauna protegida y consumo de especies amenazadas, y advierten del riesgo de convertir las islas en una «Venecia de la naturaleza» donde la economía inmediata prime sobre la preservación.
La Constitución ecuatoriana y la legislación especial de Galápagos reconocen los derechos de la naturaleza, pero la ausencia de una regulación específica para Airbnb genera un vacío legal que los anfitriones han explotado. El Ministerio de Turismo ha declarado ilegales numerosos alojamientos y ha ordenado cierres, aunque carece de mecanismos efectivos de control. La UNESCO ha reclamado a Ecuador que frene el crecimiento y regule el turismo digital, mientras la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas, en agosto de 2025, se interpreta como un giro hacia la explotación de recursos. El dilema entre ingresos turísticos —que sostienen al 80% de los 30.000 habitantes— y la integridad ecológica del archipiélago queda sin resolución a la vista.