El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una pieza separada dentro de la ejecución de la sentencia que anuló en 2024 la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, ahora bajo el nombre Madrid 360. La decisión llega tras la petición de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que reclama al consistorio la devolución de las sanciones impuestas con la anterior ordenanza de movilidad. Las partes disponen de 20 días para presentar alegaciones.
La historia se remonta a septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró nula la ZBE al considerar que no se había evaluado su posible «efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente». El Tribunal Supremo inadmitió después el recurso del Ayuntamiento, lo que confirmó la anulación. A pesar de ello, Madrid modificó su ordenanza en abril para mantener una nueva ZBE que restringe la entrada de coches sin etiqueta ambiental.
La plataforma de multas que se devolverá afecta solo a las sanciones no pagadas o no cobradas en su totalidad. El Ayuntamiento defiende que las multas tramitadas bajo la ordenanza anterior solo se devolverán en las Zonas de Especial Protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica, y no en la zona general de acceso a la ciudad. AEA, por su parte, exige la devolución automática de los 663,29 millones de euros recaudados entre enero de 2022 y diciembre de 2025, de los cuales 203,22 millones corresponden a sanciones por entrar en el municipio. Su presidente, Mario Arnaldo, acusa al consistorio de «actuar como una administración tramposa que solo quiere sacar los cuartos a los madrileños».