El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar el derecho de reunión y la libertad de expresión al imponer tres años de prisión a ocho activistas de la protesta 'Aturem el Parlament', organizada en 2011 por el movimiento 15-M alrededor de la Cámara catalana para rechazar los recortes del Govern de Artur Mas. La sentencia europea da la razón a los manifestantes, defendidos por el abogado Eduardo Cáliz, y tumba el criterio del Tribunal Supremo, que en 2015 había revocado la absolución dictada por la Audiencia Nacional —cuya ponencia fue de Ramón Sáez— para condenarlos por un delito contra las altas instituciones del Estado. El TEDH considera "desproporcionada" la pena y advierte de su efecto disuasorio sobre la participación en manifestaciones y el debate político. Aunque reconoce que la protesta "perturbó" la actividad del Parlament, el tribunal europeo sostiene que gritar a los diputados al entrar no basta para fundamentar una condena penal y que el Supremo no atribuyó actos concretos de violencia a cada acusado, sino su "contribución" a una "atmósfera intimidatoria". El fallo, con ponencia del entonces presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, había estimado los recursos de la Fiscalía, del Parlament y de la Generalitat (entonces de Convergència). Ahora, el TEDH concluye que la argumentación del Supremo para justificar una pena "severa" "resulta insuficiente". Cáliz celebra que la resolución "protege el derecho de manifestación" y "pone un límite muy claro a los supuestos contextos de intimidación" usados para enviar a prisión a quienes ejercen su derecho a protestar.
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