El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena de tres años de prisión impuesta a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia, por el conocido como 'caso Auditorio'. La sentencia confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Murcia, que le imputó de un delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad documental y otro ilícito de prevaricación. Los jueces certifican que Sánchez, mientras era alcalde de Puerto Lumbreras, incurrió en irregularidades para obtener una subvención millonaria de la administración regional y para que el proyecto de construcción de un auditorio cayera en manos de un arquitecto también condenado.
La causa, que retrocede a 2005, acusa a Sánchez de haber encargado ilegalmente a un arquitecto para crear el proyecto, optar a la subvención y aprobarlo fraudulentemente en un pleno municipal. El Supremo ratifica la calificación alternativa del delito de falsedad documental como principal, confirmando que no hubo vulneración del principio acusatorio. Además, la sentencia condena a la secretaria del Ayuntamiento, que recibirá 15 años y medio de inhabilitación, y al arquitecto, con 16 años y medio. Los tribunales señalan que la 'propaganda del Partido Popular' difundió el proyecto antes de su aprobación legal, y rechazan la alegación de Sánchez de que la condena se basara exclusivamente en irregularidades administrativas, destacando la dimensión penal de las actuaciones concertadas y arbitrarias.