El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de veinte días de suspensión de empleo y sueldo impuesta a un guardia civil destinado al cuartel de Can Sifre, en Ibiza, por permitir que personas ajenas al cuerpo ocuparan su habitación oficial. La Sala de lo Militar rechazó los recursos presentados por el agente, quien alegó vulneraciones de sus derechos de defensa, incluyendo la falta de declaraciones de testigos clave y la posible manipulación de la documentación por parte de los miembros de la Guardia Civil.
Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2023, durante la fiesta del Pilar, cuando un hombre y dos niñas menores de edad aparecieron en el acuartelamiento sin autorización. El guardia civil, que no se encontraba en la isla, había alquilado la habitación a estas personas, quienes no habían comunicado su presencia al servicio de seguridad. La situación escaló cuando el hombre consumió alcohol y preguntó a los guardias por dónde podían obtener drogas. El tribunal determinó que el consentimiento del agente no bastaba para autorizar la ocupación de un alojamiento oficial, que está sujeto a estrictas normas de seguridad y control de accesos. La sentencia, que declara las costas del procedimiento de oficio, ratifica la decisión del Teniente General Jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, subrayando la gravedad de infringir obligaciones inherentes al cargo.