La investigación internacional que desmanteló la red del traficante británico Douglas Latchford sacó a la luz una realidad incómoda: pese a los reiterados compromisos de museos, casas de subasta y marchantes con el estudio de la procedencia, el mercado ilícito de antigüedades saqueadas sigue siendo boyante. En los años noventa, una banda excavó en el templo camboyano de Koh Ker, sorteando minas terrestres y conflictos entre facciones, y extrajo tres esculturas de valor incalculable que terminaron en colecciones privadas, incluida la del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Dos de esas piezas han sido devueltas a Camboya. Pero el problema se extiende a Iraq, Siria, Sudán y Ucrania, donde conflictos armados han propiciado robos masivos, incluida la apropiación sistemática de obras por fuerzas rusas. Los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto con la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Manhattan, han logrado repatriaciones sonadas, aunque el caso Latchford dejó al descubierto una cadena sofisticada que incluye saqueadores, restauradores, tasadores, intermediarios y falsificadores. El artículo sostiene que la única vía para acabar con el expolio es reducir la demanda: los compradores, lejos de ser adictos, son actores económicos que sopesan costes legales y reputativos frente al prestigio de poseer bienes prohibidos.
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