El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha reactivado la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump en zonas remotas de Texas, Arizona y la reserva de la Nación Tohono O'odham, tras recibir 46.500 millones de dólares adicionales aprobados en la ley One Big Beautiful Bill Act de 2025. La iniciativa avanza pese a que los cruces migratorios por la frontera suroeste registran mínimos históricos y se ejecutan exenciones de leyes ambientales para acelerar las obras.
En el valle de San Rafael, Arizona, una cuadrilla taló el 27 de julio tres árboles contiguos a un algodón de unos 200 años conocido como el «árbol abuela», que ya muestra hojas amarillentas en pleno verano. Activistas instalaron una plataforma en una de las ramas y se turnan para permanecer en la copa e impedir la tala. En el parque nacional de Big Bend, la CBP ejecuta una «muralla inteligente» con sensores y torres, mientras el jefe Rodney Scott ordenó el 17 de agosto una pausa para una evaluación personal en el terreno.
Organizaciones ambientalistas y propietarios locales denuncian la destrucción de ecosistemas frágiles y la apertura de caminos en la sierra Mariscal. La ley federal permite a Homeland Security omitir unas tres docenas de normas, incluida la Endangered Species Act, una potestad que el Centro para la Diversidad Biológica impugnó judicialmente sin éxito en marzo.
