El Consejo de Ministros autorizó el 29 de junio una inversión de 115,77 millones de euros en Openchip & Software Technologies, empresa de microelectrónica con sede en Barcelona fundada en 2021. La operación, la mayor inyección puntual de capital público recibida por una tecnológica española del sector, la canaliza la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) a través de la facilidad Next Tech del Plan de Recuperación. Una semana antes, la Generalitat había convertido en acciones un crédito puente de 35 millones, tomando un 5% del capital a una valoración implícita cercana a los 700 millones; con esa referencia, la participación estatal alcanzaría hasta el 16,54% y el control público combinado superaría el 20%, con asiento en el consejo y derecho de veto sobre traslados fuera de Cataluña. Sumados a los 111 millones previos vía PERTE Chip, el apoyo público acumulado roza los 262 millones.
Openchip, que emplea a unas 300 personas, opera como fabricante sin fábrica (fabless) y diseña procesadores y aceleradores basados en RISC-V, la arquitectura abierta que Europa impulsa para reducir la dependencia de x86 y ARM. Su producto es un acelerador vectorial para inteligencia artificial integrado en DARE SGA1, una iniciativa europea de 240 millones liderada por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) que repartirá el diseño entre Openchip, la neerlandesa Axelera y la checa Codasip, con meta operativa en 2028. En noviembre de 2025, el CEO Cesc Guim, ex Intel, anunció el envío del primer prototipo a fábrica y una producción comercial prevista para 2028, con una eficiencia energética prometida del 20-30% frente a alternativas actuales. En mayo, Openchip nombró presidente a Tobías Martínez, ex consejero delegado de Cellnex, en sustitución de Carlos Kinder. La fabricación seguirá dependiendo de fundiciones externas como TSMC, lo que mantiene a Europa fuera del eslabón crítico de la cadena.