El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, calcula que la nueva financiación del sistema de dependencia aprobada en el Congreso creará hasta 100.000 puestos de trabajo en el sector. La reforma, que incluye el incremento de la financiación estatal, prevé una transferencia adicional de unos 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones en 2027 a las comunidades autónomas, a las que se les transferirán 6.200 millones de euros más entre ambos ejercicios para seguir reduciendo las listas de espera.
Según las estimaciones del departamento, las listas de espera podrían reducirse en 71.000 personas el próximo curso y el número de beneficiarios de las prestaciones podría alcanzar las 417.000 personas. Las comunidades con mayor potencial de creación de empleo son la Comunitat Valenciana, con 12.704 puestos; Castilla y León, con 7.329, y Galicia, con 6.156. Les siguen Canarias (6.563), Castilla-La Mancha (6.254) y la Región de Murcia (3.334).
El Ministerio trabaja además en un anexo con sindicatos y patronales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, fuertemente feminizado, mediante una mesa de diálogo que previsiblemente abordará subidas salariales, más formación y mayor estabilidad. El texto aprobado el pasado martes en el Congreso deberá completar su trámite en el Senado.