El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y su nuevo modelo de financiación, con 179 votos a favor, 137 abstenciones del PP y 33 votos en contra de Vox, la única formación que rechazó ambas reformas. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó la jornada como "la mayor reforma social en lo que va de siglo" y comparó sus efectos con la construcción del sistema de pensiones o la sanidad pública en el siglo XX. La norma incluye 6.200 millones de euros adicionales entre 2025 y 2026, lo que elevará la inversión a 7.239 millones en 2027, primer año de aplicación íntegra del nuevo modelo, en el que el Estado asumirá el 50% de la financiación.
Entre los principales cambios destacan la compatibilidad de distintas prestaciones (centro de día, cuidados familiares o teleasistencia), la salida de la asistencia personal del hogar para acompañar al beneficiario en actividades cotidianas, la universalización de la teleasistencia —incluidas personas con demencia— y la eliminación de las sujeciones farmacológicas, que quedan como medida alternativa. La accesibilidad universal pasa de principio rector a derecho subjetivo y se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar obras en edificios.
PP y Vox criticaron al Gobierno por la falta de presupuestos para ejecutar la reforma, y ERC advirtió de que el Estado solo cubre el 27% actual del coste. Diversos grupos pidieron aclaraciones sobre la sostenibilidad del sistema a partir de 2028.