La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado un paquete de medidas que incluye 30 millones de euros en ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y un Real Decreto-ley para reforzar la seguridad operativa del sector. El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, justificó la aprobación de estas ayudas como una necesidad de respuesta rápida y de evitar demoras en las indemnizaciones, estableciendo una estructura que suma 15 millones para fondos urgentes y 15 millones para anticipos. Las ayudas directas por fallecimiento ascienden a 72.121 euros por persona, mientras que las por lesiones varían entre 2.404 y 84.141 euros según la gravedad, y están exentas de IRPF.
En el ámbito de la seguridad, la normativa convalidada busca precisar el cómputo de tiempos de conducción, fortalecer las facultades de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) e incorporar la 'cultura justa' en la prevención de accidentes. Estas medidas, reclamadas por los sindicatos, incluyen la obligación de las empresas de facilitar el acceso a instalaciones y equipos para la supervisión y un plazo de seis meses para adaptar su normativa. Además, se ha suscrito un compromiso con Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria que ha llevado a la desconvocatoria de la huelga prevista para el 19 de noviembre, buscando restaurar la confianza en el sistema ferroviario.
