Meta alcanzó esta semana un acuerdo histórico de 18.000 millones de dólares con 52 fiscales generales de Estados Unidos para resolver una demanda presentada por 29 estados por los daños que sus plataformas causan a menores. El pacto, que se pagará a lo largo de diez años, incluye las normas de protección infantil más detalladas que haya aceptado una gran tecnológica: límite diario de dos horas de uso por defecto, avisos cada 15 minutos para promover un uso consciente, bloqueo nocturno entre medianoche y las seis de la mañana para cuentas de menores, silenciamiento de notificaciones en horario escolar y ocultación de los contadores de 'me gusta'.
El acuerdo no supone una admisión de culpabilidad por parte de Meta, que evitó así un juicio con jurado que podría haber supuesto un fallo adverso sobre cuestiones de Primera Enmienda y la Sección 230, claves para la inmunidad de las plataformas. Para contextualizar la cifra, Meta ingresó más de 200.000 millones de dólares en 2025.
El verdadero reto del pacto reside en la verificación de edad, una tecnología todavía poco fiable. Los sistemas basados en análisis conductual confunden a adultos con menores, y los que recurren a documentos de identidad o datos biométricos obligan a entregar información sensible a terceros. Expertos como la profesora Alexis Ingber, de la Universidad de Syracuse, advierten de que esos mecanismos crean nuevos riesgos de privacidad y de robo de identidad si se produce una brecha de datos. Discord ya retrasó este año un despliegue similar tras el rechazo de los usuarios.
Además, aproximadamente un 30 % del pago de Meta está condicionado a que TikTok y YouTube adopten directrices equivalentes. Meta ha publicado anuncios en prensa llamando a esas plataformas a sumarse, sin mencionar que su propio compromiso nace de un acuerdo judicial.