La administración Trump puso en marcha en abril de 2025 una orden geográfica de FinCen que obligaba a las casas de cambio y negocios con servicios financieros en 30 códigos postales de la frontera entre Texas y California a reportar toda transacción en efectivo superior a 200 dólares, frente a los 10.000 dólares anteriores. La medida, concebida para frenar el lavado de dinero de los cárteles mexicanos, ha reducido la clientela de pequeños comercios como Nachita's, una tienda familiar en un barrio obrero de El Paso. Su dueña, Evangelina Ornelas, explica que muchos vecinos, en su mayoría latinos y sin cuenta bancaria, dejaron de acudir a pagar recibos, comprar money orders para el alquiler o enviar remesas a México por miedo a la vigilancia gubernamental o a las redadas migratorias.
Expertos legales y de privacidad, entre ellos el abogado Rob Johnson, del Institute for Justice, consideran la norma invasiva e inconstitucional por exigir datos personales como número de Seguridad Social, y han demandado a la administración. En septiembre de 2025 FinCen elevó el umbral a 1.000 dólares, insuficiente según los afectados, pues equivale al alquiler mensual. Hasta el 23 de febrero, 86 negocios habían presentado 700.000 reportes. En julio de 2025 Trump firmó una ley que grava con un 1 % las transferencias internacionales y Arizona intentó exigir verificación de estatus migratorio, iniciativa que no prosperó.