La expansión de los centros de datos en Estados Unidos, impulsada por la inteligencia artificial, ha disparado la demanda de electricidad y la construcción de líneas de transmisión. En la actualidad existen más de 3.000 centros de datos operativos y unos 1.500 en desarrollo, según Pew Research, y en 2024 ya representaban más del 4% del consumo eléctrico nacional. Cuando los propietarios se niegan a vender los terrenos necesarios para esas líneas, las eléctricas recurren al dominio eminente, la potestad del gobierno para expropiar propiedad privada sin consentimiento del dueño.
La Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense permite la expropiación siempre que sea para "uso público" y medie una "indemnización justa". Aunque la potestad corresponde al gobierno, este puede delegarla en empresas de servicios públicos, con reglas que varían según el estado. En Texas, por ejemplo, el Tribunal Supremo estatal exige que el proyecto "sirva al público" y no se construya exclusivamente para uso privado.
La jurisprudencia federal ha interpretado de forma amplia el concepto de "uso público": la sentencia Kelo contra Ciudad de New London (2005) consideró el desarrollo económico como uso válido. Sin embargo, 45 estados aprobaron reformas para limitar esa interpretación, y tribunales estatales como los de Míchigan, Ohio y Oklahoma prohíben expropiar para entregar el terreno a otro privado con fines meramente económicos.
En la práctica, los tribunales han avalado expropiaciones para líneas de transmisión cuando estas mejoran la fiabilidad de la red eléctrica para clientes del estado, como ocurrió en Dakota del Sur y Vermont. En cambio, el Supremo de Misisipi rechazó en 1984 una línea que cruzaba a Luisiana sin beneficiar a ningún cliente misisipiano. Estos precedentes sugieren que las expropiaciones para reforzar la red tenderán a considerarse uso público, aunque los propietarios pueden argumentar que las nuevas líneas no aportan beneficios reales dentro del estado.