La Comisión Europea ha emitido una recomendación formal a España para elevar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 10% al 21% en el sector de la hostelería, restaurantes y bares. Esta medida, incluida en el paquete de recomendaciones del Semestre Europeo de Primavera 2026, responde a la percepción de Bruselas de que la política fiscal española presenta una de las mayores brechas de tipos impositivos de la Unión Europea, generando una pérdida de ingresos estimada en 7.000 millones de euros anuales, equivalente al 0,4% del PIB.
El argumento central de la CE es que la aplicación de tipos reducidos en este sector, que tiene una gran incidencia presupuestaria, limita la eficacia redistributiva y deja de botar la pregunta de si el beneficio fiscal se justifica. La autoridad fiscal independiente española (AIReF) ha sido citada para respaldar esta postura, señalando que la dependencia fiscal de España ha aumentado del 48,7% al 51,8% del total de ingresos fiscales entre 2015 y 2024, un incremento atribuido principalmente a los impuestos sobre el trabajo.
Por su parte, el sector empresarial ha reaccionado con firmeza. Hostelería de España, la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos y Cerveceros de España (IEE) han instado al Gobierno a rechazar las recomendaciones de Bruselas. Argumentan que una subida del IVA encarecería el turismo, afectaría negativamente a la competitividad del sector y podría desplazar la demanda hacia otros destinos, poniendo en riesgo los empleos que dependen de la actividad turística.