La defensa de Begoña Gómez ha presentado este martes un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarle a comparecer cada quince días en sede judicial como medidas cautelares mientras se tramita la causa en la que se ha propuesto abrir juicio oral por la vía del jurado popular. El recurso, interpuesto por el abogado Antonio Camacho, argumenta que la decisión es desproporcionada y califica de "mera especulación construida sobre la nada" la afirmación del magistrado según la cual los agentes de la escolta policial podrían colaborar en una eventual fuga. La esposa del presidente del Gobierno está citada este miércoles a las 18:00 horas para hacer entrega de sus pasaportes, aunque su asistente, Cristina Álvarez, ya ha facilitado el suyo de forma anticipada.
Según la información publicada por elDiario.es, la defensa de Gómez sostiene que el riesgo de fuga es "en la práctica, inexistente" debido al acompañamiento permanente del dispositivo de seguridad, y recuerda que su patrocinada se ha presentado en todas las citaciones judiciales a las que ha sido requerida hasta ahora. Camacho también denuncia que el auto de Peinado incluyera al final la frase "contra el presente auto no cabe recurso", pese a que las medidas cautelares sí son recurribles, lo que ha obligado a optar por la vía del recurso de queja ante la Audiencia Provincial.
En paralelo, la defensa de Cristina Álvarez, asistente de Gómez, también ha recurrido el auto de Peinado, al que califica de "grave, impertinente y desconsiderado". Su letrado, José María de Pablo, considera que el auto introduce "consideraciones puramente especulativas" y "conjeturas" sobre un riesgo de fuga que es "digno de todo reproche en un Estado de Derecho". En su recurso, alega que Álvarez cuenta con arraigo laboral —es personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno con más de ocho años de antigüedad—, arraigo personal, familiar y social, un comportamiento procesal irreprochable y ausencia de vínculos internacionales que pudieran facilitar una hipotética huida. Además, critica que Peinado citara jurisprudencia "completamente improcedente", como una sentencia sobre prisión provisional en una causa de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
El recurso de Álvarez va más allá y cuestiona la apariencia de imparcialidad del juez. En concreto, señala que en la vista del pasado 15 de junio, Peinado se mostró contrario a que la acusación popular retirara su petición de medidas cautelares contra el empresario Juan Carlos Barrabés, "asumiendo una posición activa dirigida a promover o provocar una petición de gravamen personal contra un investigado". La defensa invoca la doctrina Otegi del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual se condenó a España porque la actuación del tribunal podía interpretarse como expresión de una opinión previamente formada sobre la culpabilidad del acusado.
Este mismo lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente disciplinario contra Peinado a raíz de la insinuación sobre la posible colaboración de los escoltas en una fuga, remitido al Promotor de la Acción Disciplinaria. La decisión se adoptó con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, que decantó una Comisión Permanente dividida entre los cuatro votos en contra del sector conservador y los cuatro a favor. La defensa de Gómez ya había presentado previamente una queja ante el CGPJ por considerar una "vulneración del derecho a la defensa" que su clienta conociera la apertura de juicio oral y la adopción de medidas cautelares "a través de los medios de comunicación" y no por los cauces procesales establecidos.
La cita de Gómez para la entrega del pasaporte coincide con la comparecencia a petición propia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para responder sobre las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE. El juez ha advertido de que debe comunicar si cuenta con algún documento adicional al pasaporte español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad.
El desenlace de los recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y del expediente disciplinario ante el CGPJ marcarán las próximas semanas de una causa que ha ido más allá de lo estrictamente procesal para convertirse en un episodio de confrontación institucional entre el juzgado de Peinado y las defensas de las investigadas, con el telón de fondo de la actividad parlamentaria del jefe del Ejecutivo.