Australia se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para la construcción de centros de datos, con 162 instalaciones operativas, 90 proyectadas y más de 155.000 millones de dólares australianos en inversión prevista. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirmó a principios de año que el país podría convertirse en la capital mundial de este sector si así lo decidiera, impulsado por su abundancia de tierras, estabilidad política, energía renovable y pertenencia a la alianza de inteligencia Five Eyes.
El crecimiento se aceleró tras la irrupción de ChatGPT en 2022 y la posterior carrera por desarrollar inteligencia artificial. Australia cuenta con unos 13,6 millones de usuarios mensuales de IA, la sexta cifra más alta del mundo. Expertos como Belinda Dennett, CEO de Data Centres Australia, y Jon Whittle, exdirector del centro digital de CSIRO, sostienen que renunciar a esta infraestructura condenaría al país a ser mero importador de tecnología.
Sin embargo, el aumento de proyectos despierta preocupación por su impacto energético y ambiental. El operador del mercado eléctrico australiano prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos se triplique para 2030 y el Climate Council estima un alza del 26% en los precios de la energía en Nueva Gales del Sur para 2035. Además, estas instalaciones pueden consumir hasta 40 millones de litros de agua al día, y Sydney Water advierte de que podrían absorber el 25% del agua potable de Sídney en 2035.
El primer ministro Anthony Albanese anunció en julio una obligación legal para que los nuevos grandes centros de datos asuman el coste de sus infraestructuras energéticas e hídricas, aunque la normativa, prevista para 2027, no se aplicará a proyectos ya en marcha. En suburbios como Lane Cove, vecinos como la edil Rochelle Flood y empresarios como Felipe Tanaka piden una moratoria y denuncian falta de consulta previa.