El Gobierno laborista de Australia, encabezado por Anthony Albanese, prepara un plan nacional para regular el uso de inteligencia artificial en la toma automatizada de decisiones dentro de departamentos y organismos federales. La fiscal general, Michelle Rowland, liderará el desarrollo de las nuevas normas, que priorizarán equidad, precisión y transparencia, y se espera que se extiendan a la protección de consumidores, la seguridad laboral y la privacidad. Las medidas responden al creciente uso de IA en funciones de prestación de servicios públicos y al precedente del esquema ilegal de robodebt, que evidenció la falta de fiabilidad de ciertos procesos automatizados.
El plan se complementa con la creación de un deber digital de cuidado, impulsado por la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, que obligará a las empresas de IA a incorporar mecanismos de seguridad, y con una segunda ronda de reformas de las leyes de privacidad. A esto se suma una regulación específica para los centros de datos, cuya construcción se legislará desde 2027, ante el impacto energético y comunitario de estas instalaciones. El ministro Andrew Charlton advirtió de que Australia ya cuenta con más de 200 centros de datos, equivalentes al 2 % de la red eléctrica, y podrían triplicarse en una década. La oposición liberal, por medio de Jane Hume, calificó las propuestas de insuficientes.