Apple ha presentado una queja ante el Investigatory Powers Tribunal del Reino Unido para impugnar una nueva orden del gobierno británico que exige acceso a los datos cifrados de los usuarios almacenados en iCloud. Según informó el Financial Times, recogido por TechCrunch y Heise, la compañía recurre legalmente contra una llamada "Technical Capability Notice" (TCN), un instrumento legal secreto que el Ministerio del Interior británico (Home Office) habría emitido el pasado octubre de 2025 para obtener acceso incluso a las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo de iCloud.
El conflicto se remonta a principios de 2025, cuando Londres emitió una primera orden secreta que exigía a Apple crear una puerta trasera (backdoor) en sus sistemas para acceder a los respaldos cifrados de iCloud. Ante la presión, la compañía respondió retirando en febrero la función Advanced Data Protection (ADP), que ofrece cifrado de extremo a extremo, para los usuarios británicos, en lugar de comprometer la seguridad del sistema. La disputa parecía haberse resuelto tras la intervención de la administración Trump, que logró que el Reino Unido abandonara su exigencia original. Sin embargo, en octubre de 2025, el gobierno británico emitió una segunda orden, esta vez aún más ambiciosa: busca acceder a datos que, con ADP activado, ni siquiera Apple puede descifrar.
Según los expertos en seguridad citados por Heise, los respaldos de iCloud contienen prácticamente toda la información esencial de un iPhone o iPad, lo que los convierte en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad. En su forma no cifrada, estos datos son accesibles mediante órdenes judiciales convencionales, ya que Apple conserva las claves de descifrado. Con ADP activado, en cambio, solo el usuario tiene acceso: ni Apple ni las autoridades pueden leer el contenido. Para satisfacer la nueva demanda británica, Apple probablemente tendría que intervenir en iOS o iPadOS antes de que se active el cifrado reforzado, lo que comprometería la seguridad global de sus dispositivos.
El Investigatory Powers Tribunal, tribunal especializado en casos de vigilancia gubernamental, ha informado de la queja de Apple a la organización Privacy International, que lucha contra las prácticas de interceptación de las autoridades británicas. Privacy International ha elogiado la decisión de Apple de impugnar la orden. Apple, por su parte, declinó hacer comentarios a TechCrunch sobre el caso.
El gobierno británico, por su parte, defiende su posición al asegurar que apoya el cifrado robusto y la protección de la privacidad, pero subraya la necesidad de que las fuerzas de seguridad tengan acceso a los datos para combatir el terrorismo, la delincuencia grave y la difusión de imágenes de abuso infantil. Según Londres, la legislación vigente ofrece garantías suficientes para los usuarios.
El caso plantea un dilema central en el debate global sobre privacidad y seguridad. Por un lado, las autoridades argumentan que el cifrado de extremo a extremo obstaculiza investigaciones criminales legítimas; por otro, expertos en ciberseguridad sostienen que cualquier puerta trasera, por intención que sea, debilita inevitablemente la seguridad de millones de usuarios y puede ser explotada por actores maliciosos. La queja de Apple ante el tribunal busca precisamente establecer un precedente que limite el alcance de las TCN y proteja la integridad del cifrado de extremo a extremo.
Mientras tanto, la situación de los usuarios británicos sigue siendo incierta. Al haber desactivado ADP en el país, los británicos perdieron el año pasado el acceso a la protección más avanzada de sus datos en la nube. Si Apple pierde este nuevo litigio, la empresa podría verse obligada a implementar cambios técnicos que afectarían la seguridad de sus dispositivos a nivel mundial, dado que el software de Apple es uniforme en todos los mercados. De tener éxito en su recurso, Apple consolidaría su posición como defensor del cifrado frente a las presiones gubernamentales, aunque ello podría tensar aún más las relaciones con el gobierno del Reino Unido.
El desenlace del proceso ante el Investigatory Powers Tribunal se perfila así como un episodio clave en la lucha global por definir los límites entre la privacidad digital y la seguridad nacional, con posibles repercusiones más allá de las fronteras británicas.