El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo federal para evitar desahucios a personas vulnerables. La medida, que se enmarca en la estrategia de la coalición PP-Vox, alega "invasión de competencias" y "vulneración del derecho a la propiedad privada". Esta decisión llega tras la muerte de Maricarmen, una anciana de 87 años con una discapacidad del 50%, quien falleció tras ser desalojada en una camilla de su vivienda, adquirida por un fondo inmobiliario, pese a pagar el alquiler durante 70 años.
Los decretos, conocidos como decretos Maricarmen, fueron aprobados por la Diputación Permanente en la semana previa a las elecciones generales, tras la disolución de las Cortes por el presidente Pedro Sánchez. El texto amplía la prohibición de compra de inmuebles por debajo del 70% del precio de mercado hasta el año 2030 y establece excepciones para el alquiler asequible y a personas vulnerables. Además, introduce la figura de la "enervación extraordinaria", que obliga a las administraciones a cubrir el impago de la deuda del inquilino si no pueden ofrecer una alternativa residencial, siempre que el propietario sea particular y no gran tenedor. El Gobierno andaluz argumenta que la aprobación de estos decretos en un periodo de Cortes disueltas constituye una "trampa democrática" y busca evitar que se cierren compras especulativas de viviendas ocupadas.