El desahucio de Maricarmen, una madrileña de 87 años expulsada de su vivienda por un fondo de inversión, ha convertido la crisis habitacional en la palanca política más urgente para el Gobierno de Pedro Sánchez. Este incidente ha generado protestas multitudinarias en Madrid y Barcelona, con tiendas de campaña en la Puerta del Sol, y ha presionado al Ejecutivo para aprobar un Real Decreto Ley sobre vivienda antes del martes. El presidente del Gobierno ha anunciado que trabaja a contra reloj para convalidar la medida, pidiendo a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para evitar un nuevo fracaso legislativo.
La situación ha reavivado el debate sobre la vivienda, que el CIS ha identificado como la principal preocupación de los españoles, superando a la inflación o la guerra. El Gobierno, que ha intentado aprobar medidas en julio sin éxito por falta de apoyos parlamentarios, ahora enfrenta la presión de la ciudadanía y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CIS). Este último ha exigido la aprobación inmediata de un 'decreto Maricarmen', que incluye cinco propuestas clave: medidas estructurales para impedir desahucios, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, congelación de precios, prórrogas efectivas y renovación automática de contratos para convertirlos en indefinidos. La negociación se ha intensificado en un contexto de inminente elecciones generales y locales, elevando el rango político de la discusión sobre el parque público y la asequibilidad de la vivienda.