El Gobierno andaluz ha sido amonestado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos por haber cedido los datos personales de 738.502 alumnos menores, 43.202 profesores y 2.676 centros educativos a Google durante los últimos cinco años, a través de un convenio para el uso de la plataforma educativa Workplace for Education. La Junta, dirigida por el PP, incumplió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, aunque no ha recibido una sanción económica. El caso, que surge en un contexto de debate sobre la regulación de las redes sociales para menores y la relación entre el gobierno y las grandes tecnológicas, afecta a una parte significativa del sistema educativo andaluz y a acuerdos similares en otras comunidades autónomas, potencialmente impactando a unos cuatro millones de estudiantes en España. La decisión del Consejo destaca la falta de control sobre dónde se almacenan los datos, la ausencia de medidas para evitar la inclusión de contenido inapropiado y la falta de información a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos. A pesar de las alegaciones de la Junta y de Google de que los datos se gestionan de forma segura y no se utilizan con fines comerciales, el Consejo ha exigido a la Junta que adopte medidas correctivas para garantizar la protección de la privacidad de los menores. El convenio con Google permanece vigente, aunque bajo análisis para determinar si las medidas adoptadas son suficientes.
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