Cada verano, los barrios más exclusivos de Londres, en especial el entorno de Harrods, se llenan de Ferrari, Lamborghini, McLaren y Rolls-Royce con matrículas de países del Golfo, cuyos propietarios llegan huyendo del calor extremo. Buena parte de esos vehículos aparcan en zonas prohibidas —carriles bus, áreas de carga o sobre las dobles líneas amarillas— y acumulan sanciones que rara vez se pagan: de 13.423 multas impuestas entre 2018 y 2022 por Westminster a coches con matrícula de Emiratos Árabes Unidos, solo el 1% fue abonado. Solo en 2025, los vehículos con placas cataríes reunieron 2.570 sanciones en ese municipio, más que cualquier otra nacionalidad, y cuatro Estados del Golfo concentraron el 41% de todas las multas a coches extranjeros. Las multas en la zona oscilan entre unos 150 y 215 dólares, y transportar un superdeportivo desde Oriente Medio por avión ronda las 25.000 libras por trayecto, según la empresa británica ShipMyCar. La raíz del problema es la cooperación internacional: cuando el coche es británico, las autoridades pueden identificar al titular y cobrar, pero los Gobiernos de fuera de Europa suelen no facilitar la dirección del conductor, lo que convierte las sanciones en papel mojado una vez el vehículo regresa a su país. Westminster defiende que aplica las mismas normas a todos y no ha detallado por qué no inmoviliza o retira los coches reincidentes. Londres arrastra esta brecha desde hace décadas; ya en 2009 un representante municipal advirtió en el Parlamento que esos vehículos eran prácticamente inmunes a las sanciones de aparcamiento, tráfico y tasa de congestión.
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