La admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la ley de Concordia de Extremadura ha abierto una grieta en el Ejecutivo autonómico que comparten PP y Vox. El Constitucional ha acordado por unanimidad la suspensión cautelar de varios preceptos clave de la norma, entre ellos el artículo 4.2, que incluía el inciso de "evitar el enfrentamiento entre españoles", los artículos 4.4, 16 y 17, vinculados a la colaboración institucional y al reconocimiento de entidades memorialistas, así como las disposiciones transitoria y derogatoria, esta última responsable de anular la ley autonómica de Memoria Histórica de 2019.
El líder de Vox en la región y vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha cargado contra el tribunal, al que ha tildado de "Constitucional de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido", y ha garantizado que la norma "se aprobará las veces que haga falta". En el lado del PP, el vicepresidente Abel Bautista ha rebajado el tono institucional y sostenido que el resto de la ley sigue en vigor, incluido el procedimiento de exhumación de víctimas, que considera prioritario.
La Junta no recurrirá el auto de admisión, pero se personará en la causa para defender la constitucionalidad de los incisos suspendidos. El Gobierno central, que actuó tras el fracaso de la Comisión Bilateral, sostiene que la norma invade competencias estatales y reduce la protección de las víctimas del franquismo.