El Ministerio de Vivienda negocia con Junts dos medidas clave para incluir en el decreto de vivienda que se prepara para su aprobación en el Consejo de Ministros el próximo martes: prohibir la compra de viviendas a fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que arrienden pisos propiedad de estas empresas. Estas propuestas representan un giro en la postura de Junts, que previamente tumbó el escudo antidesahucios vigente desde la pandemia, y en la del PSOE, que se abstuvo en el Congreso de una proposición de ley de Sumar para prohibir la compra de viviendas a personas jurídicas.
La medida afectaría exclusivamente a las familias que vivan en pisos propiedad de empresas o fondos, una minoría frente al parque de vivienda en alquiler mayoritariamente privado. Para cubrir este vacío, el Gobierno busca una solución intermedia: suspender los desahucios de inquilinos vulnerables de inmuebles de particulares hasta que estos tengan una alternativa, pero con la administración pública, y no el propietario, asumiendo los gastos durante el proceso. Esta opción, similar a la propuesta por Junts, busca equilibrar la protección de inquilinos con la seguridad jurídica de los propietarios ante la 'inquiokupación'.